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Identificar los delitos electorales, faltas administrativas así como las responsabilidades y sanciones en materia electoral que pueden cometer las y los servidores públicos, así como los mecanismos de denuncia con los que se cuenta en materia penal electoral, a fin de promover la cultura de la legalidad, la equidad de los procesos electorales, la participación ciudadana y la prevención de los mismos.